Coordinación de Afectados por Racismo Ambiental tras las recomendaciones de organismos de Naciones Unidas

El día viernes 6 de noviembre se reunieron representantes de comunidades indígenas de varias comunas para visualizar las estrategias a seguir tras las recomendaciones del Comité de Eliminación de la Discriminación Racial (CEDR) y el Relator de Derechos Indígenas James Anaya, quienes avalaron sus reclamos en concordancia con el estándar de derechos indígenas. Juntos además preparan la realización de una próxima Asamblea de la “Coordinación de Familias y Comunidades Mapuche en Conflicto Socioambiental”…


Racismo Ambiental – Con una reunión de representante de comunidades indígenas agrupados como “Coordinación de Familias y Comunidades Mapuche en Conflicto Socioambiental” que contó con la participación desde las comunas de Gorbea, Pitrufquen, Puerto Saavedra, Purén y Temuco, se avanzó en la preparación de una asamblea amplia que tendrá lugar dentro de las próximas semanas en donde, entre otras cosas, se socializaran tras las recomendaciones del Comité de Eliminación de la Discriminación Racial (CEDR) y el Relator James Anaya, quienes avalaron sus reclamos en concordancia con el estándar de derechos indígenas.

La realización de una asamblea de la Coordinación de Familias y Comunidades permitirá visualizar la situación actual en que se encuentran las gestiones locales y a nivel regional frente a los vertederos y plantas de tratamiento de aguas servidas (Ptas.), aunar criterios para las próximas acciones estratégicas en el marco de seguimiento de las recomendaciones resultado de la denuncia y, además, visualizar algunas acciones para desarrollar como parte de la estrategia de incidencia con el Gobierno.

Uno de los primeros pasos establecidos tras esta reunión ha sido el sostener una reunión con la Ministra de Planificación Paula Quintana, quien participó en representación ante el CEDR en el marco de la presentación de la Denuncia por Racismo Ambiental. La solicitud ya ha sido cursada a través del Colectivo de Acción Ambiental, organización aliada de la Coordinación, quienes solicitaron al Seremi de Gobierno de La Araucanía agendar una reunión con la Ministra. Las organizaciones se encuentran a la espera de la respuesta.

La denuncia por Racismo Ambiental, en relación a la situación de afectación socioambiental que significa para las comunidades campesinas y mapuche la presencia de basurales y Ptas., en los territorios rurales de la región de La Araucanía fue vista durante el mes de agosto por el CEDR en su 75º Periodo de Sesiones y sus recomendaciones fueron emitidas a fines del mismo mes, entre otras cosas el Comité exhorta al Estado chileno “a no escatimar esfuerzos tendientes desarrollar una política específica, conforme a los estándares internacionales, para solucionar los impactos ambientales que afecten a los pueblos indígenas”.


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Comunidades opositoras a Proyecto Aeropuerto en la Araucanía ingresan a Tierras Expropiadas

“El dia martes 3 de noviembre, por acuerdo de dirigentes de 6 comunidades, se ingreso a uno de los fundos expropiados para la construcción del proyecto nuevo aeropuerto para la araucania. Esto con el objeto de realizar una ceremonia tradicional mapuche (jejipun), tomando así, posesión cultural de este territorio”. “Este acto se enmarca dentro de la reivindicación de sitios de significación cultural que forma parte del complejo cultural kiñel mapu pülal. Complejo que fue informado el 19 de octubre al consejo de monumentos nacionales, para su debido resguardo y tuición por parte del estado (ley 17.288)”...

FUENTE: MAPUEXPRESS
COMUNICADO Nº 27 4 de Noviembre del 2009.-

A LA OPINION PUBLICA Y LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

COMUNIDADES OPOSITORAS A PROYECTO NUEVO AEROPUERTO EN LA ARAUCANIA

INGRESAN A TIERRAS EXPROPIADAS

LA ASOCIACION AYUN MAPU, INFORMA A LA OPINION PUBLICA LOCAL, REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL:

1- EL DIA MARTES 3 DE NOVIEMBRE, POR ACUERDO DE DIRIGENTES DE 6 COMUNIDADES, SE IGRESO A UNO DE LOS FUNDOS EXPROPIADOS PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO NUEVO AEROPUERTO PARA LA ARAUCANIA. ESTO CON EL OBJETO DE REALIZAR UNA CEREMONIA TRADICIONAL MAPUCHE (JEJIPUN), TOMADO ASI, POSESION CULTURAL DE ESTE TERRITORIO.

ESTE ACTO SE ENMARCA DENTRO DE LA REIVINDICACION DE SITIOS DE SIGNIFICACION CULTURAL QUE FORMA PARTE DEL COMPLEJO CULTURAL KIÑEL MAPU PÜLAL. COMPLEJO QUE FUE INFORMADO EL 19 DE OCTUBRE AL CONSEJO DE MONUMENTOS NACIONALES, PARA SU DEBIDO RESGUARDO Y TUICION POR PARTE DEL ESTADO (LEY 17.288).

DE ESTA FORMA, LAS COMUNIDADES ORGANIZADAS ATRAVES DE LA ASOCIACION AYUN MAPU, (LEY 19.253) AVANZAN EN LA RECUPERACION DE TIERRAS ANCESTRALES, HECHO RECONOCIDO CONSUETUDINARIAMENTE POR LAS 6 COMUNIDADES DEL SECTOR CATRIPULLI, MILLLECHE Y PELALES DE LA COMUNA DE FREIRE Y AMPARADAS POR LA DECLARACION DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS, DE LA ONU, (SEPT 2007).

REIVINDICACION RECONOCIDA POR EL CONVENIO 169 DE LA OIT Y LA ORGANIZACION DE LA NACIONES UNIDAS ENTRE OTRAS ORGANIZACIONES.

ESTA ASOCIACION REAFIRMA EL DERECHO SOBRE ESTAS TIERRAS, HOY EXPROPIADAS POR EL ESTADO, QUE EN UNA CANTIDAD DE 460 HECTAREAS, EL MOP DESEA DESTINAR PARA LA CONSTRUCION DE UN AEROPUERTO INNCESARIO PARA LA ARAUCANIA. HACEMOS EXIGIBLE ENTONCES, LA TRANSFERENCIA DE LAS HOY TIERRAS FISCALES, A SUS ORIGINARIOS Y LEGITIMOS DUEÑOS, LAS COMUNIDADES ALEDAÑAS.

2. FINALMENTE, ADVERTIMOS QUE SERGIO BITAR SIGUE MINTIENDO Y ENGAÑANDO A LA OPINION PUBLICA RESPECTO DE LA LEGALIDAD Y NECESIDAD DEL ANTEPROYECTO PROYECTO NUEVO AEROPUERTO PARA LA ARAUCANIA:

- 6 COMUNIDADES MAPUCHES DEL SECTOR QUEPE PELALES MAS 6 COMUNIDADES DEL SECTOR TRAPILHUE Y MAHUIDACHE, SE OPONEN TERMINANTEMENTE A LA CONSTRUCCIÓN DEL MEGAPROYECTO.

- ELLAS HAN PRESENTADO RAZONES TECNICAS SUFICIENTES QUE DETERMINAN LA ANULACION DE LA RESOLUCIÓN DE CALIFICACION AMBIENTAL rca, APROBADA EN FORMA DESHONROSA POR LOS SEREMIS DE LA PRESIDENTA BACHELET, NOMBRADOS POR EL EX INTENDENTE EDUARDO KLEIN.

- LA CONAMA HA HECHO OIDOS SORDOS A ESTOS ARGUMENTOS TECNICOS, LEY (19.300)

- LAS COMUNIDADES MAPUCHES HAN DEMOSTRADO, A TRAVES DE UN ESTUDIO ANTROPOLOGICO AVALADO POR UNIVERSIDADES, QUE EL TERRITORIO DONDE SE PRETENDE CONSTRUIR EL MEGAPROYECTO ES TERRITORIO MAPUCHE.

- EL MOP NO SOLO HA OBVIADO SINO QUE HA DESCONOCIEMDO EL CONVENIO 169, AL APROBAR ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE AFECTAN AL PUEBLO MAPUCHE SIN REALIZAR LA CONSULTA ESTABLECIDA POR ESE CONVENIO RATIFICADO POR CHILE, LLEVANDO A UN INCUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS INTERNACIONALES AL GOBIERNO DE CHILE .

- POR LO ANTERIOR, DECLARAMOS QUE LOS TERRENOS EXPROPIADOS POR EL MOP SON PARTE DEL TERRITORIO ANCESTRAL QUE LAS COMUNIDADES DE QUEPE PELALES RECLAMAN, POR LO QUE EL ESTADO CHILENO DEBE DEVOLVERLAS A SUS LEGITIMOS DUEÑOS.

- SOMOS LOS LEGITIMOS CUIDADORES DE LOS MENOKOS, TRAYENCOS Y OTROS LUGARES NATURALES SAGRADOS PARA NUESTRA CULTURA Y PARA LA SOCIEDAD ENTERA Y QUE EL MOP PRETENDE MUTILAR BAJO CEMENTO.

NO MÁS ENGAÑOS Y MONTAJES

NO AL AEROPUERTO EN QUEPE

Curarrehue: Cabalgata Mapuche por la defensa del territorio ante la amenaza de la Mineria

En Curarrehue las comunidades Mapuches Pewenches, encabezadas por los Lonko Fermin Quintunahuel y Antonio Carinao realizarán este Sábado 14 a las 10:00 hrs una Cabalgata multitudinara, que comienza en la Aldea Intercultural de Curarrehue hasta el sector de Reigolil. Esta cabalgata se realizará para llamar la atenciòn a la ciudadanía y a las autoridades gubernamentales sobre la explotación minera que se pretende realizar en Reigolil...
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Carabineros de Chile y la Violencia Estructural de los Organismos del Estado

La demanda del fin a la Militarización del Territorio Mapuche se arrastra desde hace años, cuando en el contexto de la persecución a los Longko Pascual Pichun y Aniceto Norín, carabineros se instalaban como guardia privada de las empresas forestales y colonos latifundistas, era lo que mostraba en su momento el documental El Despojo. Hoy, el ataque y odiosidad permanente que sufren niños, mujeres, ancianos y Autoridades Mapunche, el racismo institucional, revela la participación de los poderes del Estado en la mantención de esta situación… Sigue leyendo en MapuexpresS

Una traición a los logros ambientales de la ciudadanía

Con todo, un acuerdo pactado entre el gobierno y los senadores de derecha terminó sacrificando los escasos avances logrados en materia de participación ciudadana y manteniendo vigente el mismo mecanismo de evaluación ambiental que hoy opera bajo el control político de los Intendentes, a través de las COREMAs. Es decir, traicionando el contenido y el espíritu de la propuesta originalmente presentada por la propia Ministra hace más de un año, y, lo que es más grave, traicionando los logros alcanzados por históricos procesos de movilización ciudadana...

* Columna de opinión de Claudia Sepúlveda Luque, socióloga, Magíster en
Asentamientos Humanos y Medio Ambiente, publicada en El Mostrador el 03 de noviembre de 2009.

La madrugada del miércoles 28 de octubre, en la Comisión de Medio Ambiente del Senado, se concretó la mayor traición que un gobierno de la Concertación haya infringido a sus compromisos ambientales con la ciudadanía. Ese día, la ministra de Medio Ambiente logró la aprobación inmediata de las indicaciones a la ley que reforma la actual institucionalidad ambiental, y cuyos contenidos había pactado a puertas cerradas una semana antes con los senadores Longueira y Allamand. El apoyo irrestricto a la propuesta gubernamental por parte de los senadores Letelier, Alvear y Horvath anuló toda la argumentación o votación en contra manifestada por los senadores Girardi y Navarro, también integrantes de dicha Comisión.

Esta operación política es cuestionable por la forma encubierta en que se gestó, sin consulta o participación de parlamentarios y actores que habían contribuido desde su origen a la discusión de esta ley. De hecho, la mayor parte de las mil 350 indicaciones que recibió el proyecto en su última etapa provinieron de las lecciones levantadas a partir de los conflictos ambientales que se multiplican en todo el país. Es decir, que su origen estuvo en gran medida en las demandas y movilizaciones de cientos de comunidades afectadas directamente por los vacíos del marco ambiental vigente.

El nulo tiempo dado a la discusión de la propuesta pactada por la Ministra -entre su ingreso a la Comisión y su aprobación final transcurrieron menos de 24 horas- confirma su carácter de "máquina política". La propuesta no sólo desechó los cientos de indicaciones que daban cuenta de consensos sociales clave para mejorar la institucionalidad ambiental, sino que es un grave retroceso en relación a la versión previamente aprobada en la Cámara de Diputados, luego de meses de discusión.

En efecto, el acuerdo del gobierno con la derecha transó los temas de fondo por los cuales ciudadanos, comunidades y actores sociales han venido luchando desde hace más de 15 años, cuando entró en vigencia el actual marco ambiental. Desde entonces, la conflictividad socio-ambiental no ha parado de crecer, estimulada por un sistema de evaluación ambiental de las inversiones que adolece de legitimidad social al instrumentalizar la participación ciudadana y manipular políticamente los fundamentos técnicos de sus decisiones.

El mayor logro de estas luchas sociales en defensa de los territorios y derechos ambientales había sido, precisamente, construir el piso social necesario para defender la necesidad de una reforma ambiental, entre cuyos principales objetivos estaban mejorar la calidad de la participación ciudadana y terminar con la intervención política de la evaluación ambiental. Sin tal base social la reforma ambiental jamás habría contado con el respaldo político necesario para iniciar su tramitación.

Pero el acuerdo pactado entre el gobierno y los senadores de derecha terminó sacrificando los escasos avances logrados en materia de participación ciudadana y manteniendo vigente el mismo mecanismo de evaluación ambiental que hoy opera bajo el control político de los Intendentes, a través de las COREMAs. Es decir, traicionando el contenido y el espíritu de la propuesta originalmente presentada por la propia Ministra hace más de un año, y, lo que es más grave, traicionando los logros alcanzados por históricos procesos de movilización ciudadana surgidos, justamente, en respuesta a una retrógada concepción de la participación social en las decisiones ambientales. La misma que hoy el gobierno pretende perpetuar.

Máquinas que dan regalos por reciclar, buena opcion!!

Desde Australia nos llega la última propuesta ecológica para mantener limpio el planeta. Se trata de las Envirobanks, una especie de máquinas expendedoras destinadas al reciclaje. Y es que en vez de vendernos nada, nos regala cosas. Para ello, no tendremos más que llevar latas, botes y otros objetos reciclables e introducirlos en la máquina. Entonces, según lo que llevemos, nos dará una cantidad determinada de puntos. Y estos puntos son los que luego cambiaremos por productos y regalos. De este modo, el objetivo de la empresa es no sólo concienciar de la importancia de reciclar, sino premiar a quien lo haga...

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Los 67 parques eólicos previstos en la Comunitat dispararán los ingresos de los Ayuntamientos

En España el Plan Eólico Valenciano es la alternativa que ayudará a abaratar costos economicos y socioambientales para la generación de electricidad, será el primer parque eólico que se ubicará en esta provincia y estará formado por un total de 54 aerogeneradores y producirá la electricidad suficiente para abastecer a una población de más de 110.000 habitantes..... Lee la noticia en Las Provincias España

Comunidades Indígenas se oponen a la instalación de Pisciculturas de Pucón

Comunidades en conjunto con el municipio, liderado por la Alcaldesa Edita Mansilla, dará una fuerte lucha por defender el patrimonio ambiental de la comuna, que pretende desarrollar un turismo sustentable, que permita a las futuras generaciones conocer las bondades naturales de la comuna. El jueves recién pasado, se envió una carta a la Intendenta Nora Barrientos, en la cual dan a conocer la postura del municipio, y las razones de la oposición al proyecto...


Villarrica - Ante proyecto aprobado por la COREMA en sector de Palguín. Contrarias a la instalación de cualquier piscicultura o proyecto que dañe el medio ambiente, se manifestaron los habitantes de las comunidades de Palguín Bajo y Llafenco, quienes se encuentran molestos por la aprobación de la COREMA, sobre la posible instalación de una piscicultura en el sector de Palguín Bajo en el río del mismo nombre.


Para mostrar su malestar, las comunidades de los sectores antes mencionados, se reunieron en la sede social de Palguín, donde además estuvo presente en representación de la Municipalidad de Pucón, el concejal Vicente Sepúlveda, el cual reforzó la postura entregada por la Alcaldesa Edita Mansilla, señalando la oposición a la instalación de este tipo de empresas, que históricamente en otros lugares del país, han perjudicado los cursos de aguas.

El concejal además indicó que la postura del municipio, no es estar en contra de las inversiones, ni menos de las que generan trabajo, pero si se está en contra de aquellas que depredan la naturaleza afectando el ecosistema.

En la reunión también estuvo presente, Hernán Muñoz, encargado de la unidad medioambiental de la CONADI regional, quién llegó hasta Palguín para aclarar la postura adoptada frente a este proyecto por la entidad que él representa.

Muñoz, señaló que es fundamental aclarar que la posición de CONADI, no fue la de aprobar inmediatamente este proyecto, sino que al momento de votar se hizo de manera “conforme condicionado”, es decir se aprobó, a juicio de Muñoz, por que todos las otras entidades ya habían votado a favor, sin embargo, se estableció que era necesario que la empresa privada, explicara a la comunidad periódicamente cual era la situación ambiental, avalando con estudios que las aguas no están siendo contaminadas.

RECHAZO

Por su parte, los vecinos del sector manifestaron su rechazo al proyecto de la piscicultura, pues esgrimen que la documentación presentada, a través de cartas de apoyo, no son lo suficientemente representativas, incluso llegan a señalar que podrían existir firmas de apoyo que no se ajustan a la realidad.

Lo que sí quedó claro en la reunión, es que las comunidades en conjunto con el municipio, liderado por la Alcaldesa Edita Mansilla, dará una fuerte lucha por defender el patrimonio ambiental de la comuna, que pretende desarrollar un turismo sustentable, que permita a las futuras generaciones conocer las bondades naturales de la comuna. Prueba de ello, es que el jueves recién pasado, se envió una carta a la Intendenta Nora Barrientos, en la cual dan a conocer la postura del municipio, y las razones de la oposición al proyecto.

Pueblos Originarios Constatan: "No hay voluntad del Gobierno para dialogar"

De norte a sur del país señalan su descontento por la falta de medidas que concreten la implementación del Convenio 169, especialmente el derecho a la participación en materias que los atañen directamente, que establece el deber del Estado de consultar, aún descontentos por la falta de medidas, aseguran que continúan abiertos al diálogo con el gobierno....

FUENTE: Radio Universidad de Chile

Por Diana Porras

Naciones Originarias - El próximo 15 de octubre se cumple un mes de la entrada en vigencia del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que promueve garantías colectivas para los pueblos indígenas, lo que significa reconocerles derechos políticos, participación en el Congreso, en las municipalidades y gobiernos regionales; derechos consuetudinarios a tierras, territorios y recursos naturales, al empleo, a la educación, seguridad social y salud, consagrando el principio de la no discriminación.

Pero aunque esta misma descripción se destaca en la página de Internet de la Presidencia, lo cierto es que las comunidades están descontentas por la falta de medidas que concreten estos beneficios, especialmente el derecho a consulta en materias que los atañen directamente que establece el acuerdo internacional.

De esta manera lo hicieron sentir numerosos dirigentes en el Seminario Internacional “Desafíos de la implementación en Chile del Convenio 169 OIT” realizado este 5 y 6 de octubre y organizado por el Consejo de Pueblos Atacameños, el Observatorio Ciudadano y el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, la Asociación Identidad Lafkenche, entre otros.

Ronny Leiva, psicólogo, Kona del consejo del Pikun Willi Mapu e integrante del grupo de trabajo mapuche sobre derechos colectivos, aclaró que “tiene que haber voluntad del gobierno para entrar diálogo” y enfatizó que “los werkén están en disposición de conversar con el ministro de Asuntos Indígenas, pero debe ser la Presidenta quien hable con nuestro Ñizol Longko”.

Sin embargo, Leiva afirmó que los pueblos originarios han “constatado que no hay voluntad de diálogo, hay militarización de los territorios por una parte y, por otro lado, hay anuncios de nuevas políticas. Es el carácter esquizofrénico del gobierno y del Estado respecto de los pueblos originarios en general”.

Según José Millalén, dirigente de la comunidad de Galvarino, se mantiene la tensión en el sur del país por las demandas territoriales y la nueva herramienta del derecho internacional no es completamente efectiva debido a la falta de políticas internas.

“No ha habido ninguna respuesta concreta en función de las demandas que se han planteado, en ese marco difícilmente puede haber ninguna variación de la situación, si lo comparas con los días inmediatamente posteriores a la muerte del peñi Mendoza Collío, se puede decir que está más tranquila, pero no se puede decir que las comunidades no estén movilizadas, al contrario”, dijo.

Por su parte, Francisco Rivera, presidente del Consejo de Pueblos Originarios de Arica y Parinacota, manifestó que la posición de los nortinos es “seguir haciendo interlocución con el Estado, no podemos romper con el Estado o enojarnos. Hay una hegemonía de los servicios públicos por imponer este pacto Reconocer y toda esa situación la tenemos que empezar a ordenar. En Santiago se da la información, en el norte estamos escasos de información”.

Rivera dijo que queda mucho camino por recorrer aún y un amplio proceso de información para utilizar esta herramienta a favor de las comunidades y saldar deuda que ellos aseguran que el Estado chileno mantiene con los indígenas, entre ellas, la solución a materias como el reconocimiento de las autoridades tradicionales, de fronteras, libertad a los presos políticos y no más megarepresas en sus territorios.

Pronunciamiento: Exigen el Fin de la Violencia estatal chilena y el respeto pleno a los Derechos Humanos de los Pueblos

Cerca de cien representaciones, en su mayoría de organizaciones de Pueblos originarios de Chile, varias tradicionales, como asimismo, de organizaciones sociales-ciudadanas, de Derechos Humanos, académicas y socio ambientales chilenas, se pronunciaron ante los Poderes del estado y exigen el respeto de los Derechos Humanos Colectivos; El cumplimiento e implementación pleno y de buena fe de las Normas Internacionales de Derechos Humanos, como el Convenio 169. Reproducimos Declaración pública...
FUENTE: Servindi

07 de octubre, 2009 - Un pronuciamiento suscrito por más de cien representantes y lideres sociales demandó el respeto a las normas internacionales sobre derechos humanos y el fin a la violencia del Estado chileno sobre el pueblo Mapuche.

El documento fue suscrito por los participantes en el Seminario “Desafíos de la Implementación en Chile del Convenio 169 OIT” realizado en Santiago de Chile esta semana.

La declaración denuncia un conjunto de situaciones que atentan contra los derechos humanos, territoriales y de autodeterminación de los pueblos originarios de ese país.

Entre las acciones denunciadas se encuentra un bloque de iniciativas legislativas “inconsultas y atentatorias que intenta imponer Viera Gallo”, Ministro coordinador de Asuntos Indígenas, así como nefastos megaproyectos industriales “que obedecen a un modelo aberrante”.

Un tema de especial énfasis es la violencia estatal en el territorio del pueblo Mapuche expresada en el asesinato y criminalización de los lideres indígenas y la militarización de las comunidades, entre otras medidas represivas.

El gobierno continúa aplicando a los lideres indígenas la Ley Antiterrorista, una de las dañinas secuelas de la dictadura militar del General Augusto Pinochet, y “que aún está incrustada en la sociedad e institucionalidad chilena”.

Los suscritos exigen que el Estado respete el derecho al consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas en las modificaciones a la Ley de Pesca y Acuicultura y la Ley de Derechos de Obtentores Vegetales, orientados a privatizar el mar y las semillas, entre otros temas.

Asimismo, expresan su oposición a megacentrales eléctricas de origen hídrico y geotérmico, vertederos y plantas de aguas servidas, barrios salmoneros, proyectos de celulosa y de minería que afectan la vida de comunidades Diaguitas, Lican Antay, Aymara y Mapuche.

El documento suscrito por comunidades y organizaciones de pueblos Mapuche, Lickan Antay, Aymara y Diaguita se enviará a la Presidencia de la República, al Senado y la Cámara de Diputados, a la Corte Suprema y a los diferentes organismos internacionales de Derechos Humanos.

REPRODUCIMOS DECLARACIÓN PÚBLICA:

Santiago de Chile, 06 de octubre de 2009

Nosotras y Nosotros, personas, miembros de comunidades y organizaciones de los pueblos Mapuche, Lickan Antay, Aymara, Diaguita y chileno, que habitamos los territorios del sur de América, que nos hemos reunido en Santiago de Chile en el Seminario 'Desafíos de la Implementación en Chile del Convenio 169 OIT' queremos expresar a nuestras sociedades, a la sociedad y Estado chileno y a la comunidad internacional nuestra preocupación respecto a diferentes situaciones que atentan contra nuestros derechos humanos, territoriales y de autodeterminación contemplados en textos internacionales que debe cumplir obligatoriamente el Estado de Chile, así como en el derecho propio de nuestros pueblos.

Queremos expresar también todo nuestro apoyo y solidaridad a la justa lucha de diferentes comunidades que realizan procesos de recuperación de tierras y territorios y están rechazando la instalación de Megaproyectos industriales de empresas nacionales, multinacionales y estatales.

De igual forma exigimos el retiro inmediato de la policía militarizada desde las comunidades ocupadas por estas fuerzas especiales de carabineros y exigimos al gobierno chileno una revisión inmediata de las acciones que realiza un pequeño pero poderoso grupo de empresarios vinculados a sectores políticos y medios de comunicación que están operando para atentar contra la protesta social mapuche y de otros pueblos indígenas.

Exigimos justicia por los reprimidos y asesinados por los agentes del estado chileno en el marco de legítimas reclamaciones y protestas sociales por tierras ancestrales, entre otros, Matías Catrileo, Alex Lemún, Jaime Mendoza Collío, y el fin a la institucionalidad fáctica como la competencia militar en estos casos y que el estado chileno está obligado a modificar tal como le exige la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.

El estado Chileno, particularmente el Gobierno, cuenta con mecanismos y procedimientos para resolver conflictos y que contemplados por Normas Internacionales, como el Convenio 169 de la OIT y la declaración de la ONU sobre los Pueblos Indígenas. Asimismo, se hace urgente que el estado chileno asuma la reparación histórica de Tierras ancestrales que dichas normas contemplan y que diversos órganos internacionales, como el Comité de Derechos Humanos, el Comité de eliminación de la discriminación racial y el Relator Sobre Pueblos Indígenas de la ONU, han conminado para demarcar y titular a la brevedad.

Nuestra solidaridad además es para todos nuestros hermanos y hermanas presas políticas que están injustamente siendo procesados por la justicia civil y militar. Rechazamos rotundamente la aplicación de la Ley Antiterrorista, la cual es una de las dañinas aristas de la dictadura militar que aún está incrustada en la sociedad e institucionalidad chilena. A la vez, exigimos el término inmediato de los juicios que el Estado chileno lleva contra Mapuches a través de la Justicia Militar.

Respecto a los proyectos de Ley incorporados por el ejecutivo con suma urgencia en el Parlamento chileno, entre otros, sobre un Ministerio Indígena, Consejo de Pueblos Indígenas; y la Reglamentación que se quiere hacer a la consulta por parte del Gobierno y empresarios, exigimos que inmediatamente se sometan a consulta de nuestros pueblos indígenas, como corresponde, con buena fe, tal como lo exige el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Del mismo modo, exigimos que la discusión que se desarrolla en la Cámara de Diputados y en el Senado chileno como son las modificaciones a la Ley de Pesca y Acuicultura y la Ley de Derechos de Obtentores Vegetales que en definitiva privatizan el mar y las semillas, contemplen la consulta, participación efectiva y consentimiento libre, previo e informado de nuestros Pueblos. Pero también exigimos inmediata consulta en otras discusiones legales en todas las áreas de recursos naturales, medio ambiente, radiodifusión, televisión digital, energía, minería y turismo, entre otros temas.

Nuestas comunidades y organizaciones a la vez rechazamos la imposición de megaproyectos industriales en el territorio actual y ancestral de nuestros pueblos. En este sentido y en forma urgente exigimos que se tomen en cuenta los argumentos de las comunidades y el rechazo respecto a:

* La Construcción de megacentrales de generación eléctrica tanto de origen hídrico como geotérmico,

* La construcción de megacarreteras en nuestras tierras

* La instalación y actual funcionamiento de vertederos y plantas de aguas servidas

* La imposición de barrios salmoneros, la privatización del mar y la expansión de esta industria insustentable en lo ambiental, inequitativa en lo social e irrespetuosa en lo cultural

* La instalación de proyectos mineros en diferentes lugares que están atentando contra los pueblos Diaguitas, Lican Antay, Aymara y Mapuche.

* La expansión y certificación de la Industria Forestal y la imposición de nefastos proyectos de Celulosa.

* Y los anuncios de modificación constitucional sobra la propiedad de las aguas que consagra el actual sistema de privatización de este vital elemento.

Hacemos llegar esta carta a la Presidencia de la República de Chile, al Senado y la Cámara de Diputados, a la Corte Suprema y a los diferentes organismos internacionales de Derechos Humanos.

Suscriben,

• Longko Augusto Nahuelpán

• Longko José Panguilef

• Gabriela Calfucoy

• José Antonio Mamani

• Gustavo Quilaqueo

• Francisco Vera Millaquén

• Eliab Viguera

• Claudia Villagrán

• Lucio Cuenca

• Patricio Igor Melillanca

• Sergio Millamán

• Daniel Ñancuvil

• Marcelino Jaramillo

• Sergio Paillao

• Victorio Saez

• Cecilia Sandoval

• Alejandro Vivanco

• Segundo Huentecura

• Jon Quirilao

• Jorge Hueque

• Natalia Marchant

• José Araya

• Felix Tranamil

• Blas Pantel

• Matías Meza

• Christian Collipal

• Hugo Vera

• Lorena Muñoz

• José Gonzo

• Lorena Muñoz

• Roger Mendoza

• Wilma Reyes Huenupe

• Guillermo Salamanca

• Ramón Nuñez

• Verónica Pérez

• Mariana Egnesu

• Jorge Abello

• Marcelino Avila

• Fernando Ortiz

• Paola Curihual

• Maria Teresa Rivera

• Germán Andrade

• David Nuñez

• Olivia Pinto

• Natalie Campos

• Sandra Pastén

• Edgardo Mendoza

• Juan Carlos Meliñir

• Camila Maldonado

• Elizabeth Pilquil

• Eva Barriga

• Christian Ruggieri

• Juan Carlos Chávez Pilquil

• Efraín Cheuquefilo

• Juana Jaramillo

• Patricia Panguilef

• Julia Santibañeza Llantel

• Olga Chellew

• María Luisa Díaz

• Cecilia Carrasco

• María Lorena Huircán

• Arturo Coña Pirul

• Alfredo Seguel

• Susan Herrera Quispe

• Marco Jimenez

• Ronny Leiva

• Rodrigo Huaiquilao Huincaman

• Paulina Acevedo

• Jorge Araya

• Sergio Campusano

• Hernando Silva

• Patricia Viera

• Juan Oyarzo

• Andrea Sepúlveda

• Pamela Baeza

• Eusebio Reumay

• Lautaro Coña

• Alan Marchant Mamani

• Claudia Pailalef

• Morelia Cancino

• Luis Castillo

• Carlos Pilquil

• Eduardo Palma

• Benito Jaramillo

• Mónica Pilquil

• Esteban Ancatripay

• Roberto Salinas

• Pedro Campos

• Carlos Ruiz Rodriguez

• Mercedes Montalva

• Carola Pinchulef

• Javier Karmy

“Los Derechos Humanos y el Medio Ambiente son lo Primero”

Estas son parte de las visiones entregadas en el Foro Conversatorio “Estado Chileno, Políticas Públicas y Derechos Colectivos” realizado recientemente en la sala multiuso del Gimnasio Olímpico de la Universidad de la Frontera de Temuco y que contó con la participación de diversas representatividades territoriales que son amenazadas o violadas en sus Derechos a causa de proyectos de lucro y de destrucción a comunidades y los ecosistemas, como los casos de los proyectos del Aeropuerto en Quepe, la expansión de la industria Forestal - celulosa, salmonera. Minera y energética como las represas hidroeléctricas....


FUENTE: Mapuexpress
Por Alfredo Seguel *

Temuco - Un cambio profundo en la visión de los conflictos se identificó a través de la mirada de especialistas. No se trató sobre el conflicto “Mapuche” sino, se dimensionó sobre el conflicto del Estado chileno, sus políticas y grupos controladores de sus Poderes, incluyendo el nivel de sometimiento y descontrol del aparato público en pro de intereses de grupúsculos de afán insaciable de lucro. Libertad de expresión, Criminalización a la protesta social, actual modelo industrial, Derechos Indígenas y Convenio 169, fueron algunas de las temáticas en este bloque.

Un salón con alta concurrencia; Temáticas de alto interés y participación; y algunos problemas de organización que afectaron su buen desarrollo, fueron la tónica de la jornada realizada el día 25 de Septiembre en la sala Multiuso del Gimnasio Olímpico de la Universidad de la Frontera y que abordó en un Foro sobre el Estado Chileno, las Políticas Públicas y los Derechos Colectivos.

Convocada por el Grupo de Trabajo por Derechos Colectivos (GTDC), la Mesa de Trabajo sobre Derechos Colectivos y apoyada por la Red de comunicadores Comunitarios, Urracas, Hogar Pelontuwe, Observatorio Ciudadano, y artistas y cultores Mapuches, abordaron en amplios y a veces excesivos paneles, según la propia autocrítica, los que se estructuraron en dos bloques: “Resistencia frente a proyectos de industrias extractivas y/o energéticas (forestales-celulosa, Salmoneras, aeropuerto, Minera, Represas Hidroeléctricas)” y “Radiografía al Estado chileno desde la perspectiva de los Derechos, las soberanías y las libertades”.

El Foro, conducido por Rayen Kvyeh de la Casa de arte Mapuche y Emilio Painemal de Urracas, tuvo en las conclusiones generales del primer panel, que diversos proyectos de inversión se están imponiendo sin considerar los Derechos Humanos colectivos de las Comunidades, como asimismo, sin que se atiendan los graves y verdaderos impactos a los ecosistemas. Del mismo modo, sobre la red de inversión y política de lucro para los intereses de grupos económicos y que van en desmedro de los intereses de grande mayorías.


“Resistencia frente a proyectos de industrias extractivas y/o energéticas (forestales-celulosa, aeropuerto, Minera, Represas Hidroeléctricas)”

Daños e impactos a las economías locales, ecosistemas únicos, a la religiosidad y espiritualidad, a diversas formas socio culturales, fueron algunos de los expuestos por quienes están directamente amenazados o ya han sido transgredidos a causa de la imposición de proyectos de inversión. Entre los participantes de este panel estuvieron presentes: Iván Reyes Alcamán de la Asociación Ayun Mapu, quien abordó “Estado y Conflicto Aeropuerto Quepe”; Francisco Vera Millaquén de la Comunidad Mapuche Williche de Pargua sobre el “Estado y Conflicto Industria Salmonera”; Ricardo Beroiza de Santa Bárbara, Salvemos Huequecura, Alto Bio Bio “Estado y Conflicto Represa Hidroeléctrica Colbún en Angostura”; Una representante del Consejo Comunitario de Melipeuco sobre “Los conflictos territoriales en la precordillera”; Y Nori Quintomán y María Eugenia Calfuñanco de Liquiñe y Carerriñe, respectivamente, por el conflicto “Estado y Represa Hidroeléctrica Sn Power”

El Foro Conversatorio tuvo como en su intermedio la participación de la artista, cantautora, poeta, pintora y música, Marcela Parra, quien, con temas propios, deleitó a todos los asistentes con su letra e impresionante voz, lo que causó la ovación.

Consecutivamente, el segundo Panel abordó en general las políticas públicas del estado chileno con respecto a la libertad de expresión, la criminalización a la protesta social, las soberanías alimentarias, el modelo industrial a partir de las forestales, los Derechos Indígenas a partir del Convenio 169 de la OIT; Y evidenció la ausencia de políticas participativas, de democracia plena, de inclusión, de respeto a la diversidad y de construcción de instancias efectivas para la Paz social y de la necesidad de trabajar para estos fines.


“Radiografía al Estado chileno desde la perspectiva de los Derechos, las soberanías y las libertades”

Dicho panel, estuvo compuesto por las siguientes personas: Cristian Opaso, periodista, investigador, quien se encontraba en Temuco por el lanzamiento de su manual y quien abordó sobre el “Estado, medios de prensa y tratamiento informativo” y autor del manual sobre comunicación comunitaria; Ana María Vera, de la Red de Comunicadores Comunitarios y de Mujeres radialistas, quien se refirió al “Estado y Libertad de expresión en Chile”; Sergio Millamán, egresado de Derecho e integrante de GTDC, quien trató sobre el “Estado y Políticas de Criminalización a la protesta social Mapuche”, Cristóbal Carmona, abogado e integrante del Observatorio Ciudadano con el tema “Estado y los desafíos para la implementación del Convenio 169 de la OIT”; Angélica Hernández, integrante de la Red Agenda Araucanía quien hizo su presentación sobre la “Soberanía alimentaria y economías locales”; César Aguila de la organización Salvemos Cobquecura, sobre el modelo industrial actual a partir de la industria Forestal y de Celulosa; El dirigente del Hogar Mapuche Pelontuwe, Jhonatan Zapata Painemal, quien se refirió a los procesos de luchas Mapuche y el Derecho a la educación con identidad; Y Pablo González del Movimiento Humanista, quien trató sobre los Objetivos de la Marcha Mundial por la Paz y de los diversos puntos por la que transitará en Chile.

En suma, los diversos colectivos, organizaciones, redes, a través de sus representantes, parecieran coincidir que los Derechos Humanos y el Medio ambiente son lo primero en consideración a las políticas de lucro a favor de Grupos económicos y en desmedro de las soberanías populares.

Un hecho imposible de omitir, es la intervención repentina en plena jornada de la Ñaña Berta Quintremán, emblemática en la lucha contra la Represa Hidroeléctrica Endesa en Ralco, altos de Bio Bio, símbolo de resistencia por años y años junto a su hermana Nicolasa. La ñaña Berta, como cariñosamente se le conoce, venía de participar en un Trawun (reunión) como parte del cierre del proceso de la Mesa de Trabajo sobre Derechos Colectivos realizado horas antes. Sin embargo, fue omitida por la organización del Foro para su debida participación, hecho que causó malestar entre algunos presentes. Los organizadores asumieron como autocrítica estos hechos, con relación al realce que deben tener autoridades del Pueblo Mapuche en este tipo de actos.

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* Integrantes del Equipo Editorial de Mapuexpress y del Grupo de Trabajo Mapuche por los Derechos Colectivos, parte organizadora del FORO.

La ONU expresa su preocupación por Vertederos y Plantas de Tratamiento de Aguas Servidas en Territorios Mapuche

Tras la participación de los Enviados Especiales por la denuncia sobre Racismo Ambiental en Chile, en el 75º Periodo de Sesiones del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, a finales de agosto de 2009, este Comité y el Relator de Derechos de los Pueblos Indígenas, manifestaron claramente su preocupación, por la situación que afecta a la comunidad mapuche y campesina en los lugares donde están instaladas las plantas de aguas servidas y vertederos, que han generado contaminación y perjuicios en su calidad de vida…

Racismo Ambiental - El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CEDR ) terminó su 75º Periodo de Sesiones el 28 de agosto, y ese mismo día fue emitido de forma oficial el informe del examen realizado el Estado de Chile con las recomendaciones y observaciones finales al informe presentado por el Gobierno. Junto a este, diversas delegaciones acudieron a participar de este periodo de sesiones del CEDR, y especialmente respecto de la denuncia por “Racismo Ambiental” presentada el año 2007 por la Coordinación de Familias y Comunidades en Conflicto Socioambiental (CFCSA) acudieron a participar Manuel Curilen (Ancúe, Gorbea) y Mauricio Peñailillo (Botrolwe Sur, Temuco), ambos miembros de las familias afectadas por basurales y por plantas de tratamiento de aguas servidas (PTAS) respectivamente.

La tarea de conseguir que Naciones Unidas se pronunciara sobre este problema no fue fácil, fueron años de trabajo constante, gestión y movilización, y en el caso de Manuel Curilen, y muchos otros integrantes de la Coordinación de Familias y Comunidades en Conflictos Socioambiental, son cerca 20 años de contaminación producto de los basurales en sus tierras.

La denuncia presentada en 2007 fue la que motivo la realización de este examen completo al Estado de Chile, ya que como resultado de la observación que el CEDR realizará sobre esta situación es que le manifestó su preocupación respecto de la falta de informes oficiales desde el año 2002, la exigencia de estos y la consecuente necesidad de observar a Chile en relación al cumplimiento de la “Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial”.

El informe del examen a Chile, que ha sido publicado en la página web oficial del CEDR y difundido por múltiples medios, se refiere en varios aspectos a la situación de discriminación que afecta al pueblo mapuche en chile. Respecto de la situación de contaminación por plantas de tratamiento y basurales señala “El Comité reitera su preocupación ante la situación de las comunidades mapuche en la región de la Araucanía, afectadas por actividades perjudiciales para el medioambiente, la salud y sus formas tradicionales de vida, entre otras razones, por la instalación de basurales dentro de sus comunidades y por el establecimiento de plantas de aguas servidas”.

Así el CEDR reconoce el fondo de la denuncia el perjuicio que las PTAS y basurales generan a las comunidades mapuche. Junto a esto el Comité le recomienda al Gobierno de Chile “que sean efectuados regularmente estudios científicos de evaluación” lo exhorta “a tomar medidas inmediatas para resolver el problema de los basurales que fueron instalados en las comunidades mapuche sin su consentimiento previo”.


Exigen "Política Especifica" ante discriminación por motivada por intereses económicos

Pero lo más relevante es que el CEDR recoge una de las exigencias que la Coordinación, la creación de un programa específico que de solución a la situación de Racismo Ambiental, “El Comité exhorta al Estado parte a no escatimar esfuerzos tendientes desarrollar una política específica, conforme a los estándares internacionales, para solucionar los impactos ambientales que afecten a los pueblos indígenas”. Conforme con esto los afectados han exigido en su informe emitido en agosto de 2009 que este programa especial cuente con asignación de recursos especiales y que sea “consensuado con la Coordinación de Comunidades en Conflicto” para reparar “los impactos que han sufrido las familias mapuche de la región de La Araucanía”.

En concordancia con la preocupación del CEDR el Relator Especial sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, James Anaya, en su informe sobre su visita a Chile realizada en abril de 2009, también se refirió a la situación de Racismo Ambiental donde observa que “la instalación de plantas químicas de tratamiento de aguas servidas en territorio mapuche” se encuentra “amenazando ambientalmente a las comunidades por vertidos de cloro y otros desechos químicos en ríos y fuentes de agua”.

Y especialmente hace énfasis en cuanto a los procesos de consulta y participación ante este tipo de proyecto “los estándares internacionales podrían requerir que se abran procesos de consulta respecto a tales leyes sectoriales, concesiones o proyectos, de acuerdo con el derecho de los pueblos indígenas de participar en la utilización y administración de los recursos naturales en sus tierras, así como consideración de la indemnización equitativa por cualquier daño resultante de esas actividades”.

El Relator además, se refirió específicamente a los casos en que los proyectos ya han sido instalados en los territorios indígenas a los que también “deben aplicarse procesos de consulta, de acuerdo a los estándares internacionales, con respecto a sus impactos actuales y futuros”, así como darse medidas de mitigación, reparación y compensación a las comunidades afectadas. Además, en aquellas situaciones en que una actividad “tenga impactos substanciales que pondrían en peligro el bienestar físico o cultural de una comunidad indígena, el Estado no debería autorizar continuar con la actividad sin el consentimiento de la comunidad afectada”.

Así, lo que señalan los organismos de las Naciones Unidas es el deber del Estado de Consultar, pero además garantizar el bienestar físico y cultural, de las comunidades afectadas por Racismo Ambiental, con medidas de mitigación, reparación y compensación, aún cuando estos contaminantes ya están instalados en los territorios de las comunidades antes de la ratificación del Convenio 169. Lo que exige la Coordinación de Familias y Comunidades en Conflicto Socioambiental es que estos procesos se realicen en colaboración con ellos como representantes de las familias afectadas por Racismo Ambiental.

Por último el Comité como parte de sus preocupaciones respecto de esta situación recomendó al Estado “revise su legislación sobre la tierra, el agua, las minas y otros sectores para (…) garantizar que primará el principio de protección de los derechos de los pueblos indígenas por encima de los intereses comerciales y económicos”, lo que revela en parte la situación de discriminación general en que se encuentra el pueblo mapuche en el sur debido a que se privilegian los intereses de los inversionistas sobre los de las comunidades.

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Referencias.

- Informe Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial CHILE, CERD/C/CHL/CO/15-18, 75º período de sesiones, 3 al 28 de agosto de 2009 (Página 6).

- Racismo Ambiental en la Región de La Araucanía Chile, por los casos de Vertederos y Plantas de Tratamiento de Aguas Servidas localizadas en comunidades mapuche

- Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, James Anaya, Septiembre de 2009 (Páginas 18 a la 21).

- ¿Puesta en Práctica de Convenio o Puesta en Evidencia de la mala fe de Chile? (Bartolomé Clavero)